La Carga pública
El 8 de septiembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. publicó actualizaciones positivas sobre la regulación de inmigración con respecto a la “carga pública”. Las actualizaciones agregan protecciones fundamentales para garantizar el acceso de las familias inmigrantes a la red de seguridad de los servicios sociales y de salud.
La nueva regulación entrará en vigor el 23 de diciembre de 2022. Hasta entonces, la regla no cambia.
Revise la sección de Preguntas frecuentes en la parte inferior de esta página para obtener información sobre la regla que actualmente está en vigor.
La nueva regla, vigente a partir del 23 de diciembre de 2022, aclara y confirma lo que se considera y lo que no se considera en una determinación de carga pública:
Confirma que el uso de CalFresh, de la asistencia para la vivienda y de Medi-Cal (excepto para la atención a largo plazo en un asilo de ancianos) para usted o su familia no afectará su estatus migratorio
¡Los beneficios de dinero en efectivo recibidos por un familiar, como un hijo o un cónyuge, no le afectarán cuando solicite su residencia!
Aclara que más de 30 estados migratorios están exentos de la prueba de carga pública, incluyendo: ¡las personas con residencia (a menos que salgan de los EE. UU. durante 6 meses seguidos o más), personas que solicitan la ciudadanía, refugiados/asilados, solicitantes y titulares de visas U y T, autopeticionarios de VAWA, TPS, SIJS y muchos otros!
Para aquellos que realmente están sujetos a una prueba de carga pública, las nuevas regulaciones ordenan a los funcionarios de inmigración que toman determinaciones de carga pública que consideren todas las circunstancias del solicitante (edad, salud, ingresos, educación y tamaño de la familia), así como una Declaración Jurada de Patrocinio, cuando sea necesario. Estos factores estarán equilibrados: ningún factor por sí solo hará que alguien probablemente se convierta en una carga pública.
Hace que sea más difícil para los futuros presidentes cambiar radicalmente más adelante la política de carga pública